En una reciente entrada en su blog, el economista Lucas Llach —uno de los difusores locales de la dieta paleo, siempre interesado en temas de alimentación— se pregunta si el Estado debería “castigar” a la comida chatarra. Llach ensaya una sólida argumentación en favor de una política tributaria que, sumada a otras acciones como campañas informativas y advertencias en etiquetas, promueva una dieta saludable y desalentar el consumo de gaseosas, snacks y demás productos masivos de dudosa calidad nutricional.

La discusión se reinstaló con fuerza en la agenda global por estos días, luego de que el martes la ciudad californiana de Berkeley se convirtiera en la primera de los Estados Unidos en aprobar un impuesto a las bebidas carbonatadas y azucaradas. La iniciativa, apoyada en las urnas por el 75% de los votantes, apunta no tanto a mermar las ventas de la industria de manera directa e inmediata (el gravamen, de un centavo por onza, será absorbido por los distribuidores y se estima que no tendrá mayor impacto en los precios) sino a financiar campañas públicas de concientización para prevenir enfermedades como la obesidad y la diabetes.

En San Francisco, siempre en el marco de las elecciones legislativas celebradas en EE.UU. —que los estados y ciudades suelen aprovechar para someter a consulta popular asuntos locales—, también se puso en consideración un proyecto de soda tax, pero ganó el “no”.

Tiempo atrás te contamos sobre una decisión similar adoptada el año pasado en México, donde la cruzada contra los “refrescos”, como los llaman ahí, es aún más amplia e incluye límites a la publicidad televisiva, restricciones a la oferta en escuelas y una mayor presión impositiva. Este paquete de medidas estaría, al parecer, arrojando sus primeros frutos.

Más info sobre el impuesto aprobado en Berkeley en estas notas de Time y USA Today.

¿Creés que sirven estas políticas para modificar los hábitos alimenticios? ¿Qué otras medidas considerás que podrían ser de utilidad en este sentido?